Ley PROMESA (2016)

La Ley PROMESA, firmada el 30 de junio de 2016, creó una Junta de Supervisión y Administración Fiscal con amplios poderes sobre los asuntos fiscales de Puerto Rico.

Los miembros de la junta no son electos y no rinden cuentas a los votantes puertorriqueños. Tienen el poder de rechazar presupuestos aprobados por la legislatura electa, imponer medidas de austeridad y anular las decisiones del gobernador en asuntos fiscales.

Los críticos señalan que PROMESA efectivamente despojó al gobierno electo de Puerto Rico de la soberanía fiscal. La ley fue aprobada por un Congreso en el que Puerto Rico no tiene representación con derecho a voto, impuesta a un pueblo que no tuvo voz en su creación.